domingo

REFLEXIONES ARGUMENTOS POLITICA CRIMINAL

 

REFLEXIONES Y ARGUMENTOS

SOBRE POLITICA CRIMINAL

1 Libro más un libro electrónico incluido gratis

Coordinador: Serafín Ortiz Ortiz José Zamora

Editor Tirant lo Blanch

PRIMERA EDICIÓN 2020

 

 

La complejidad de los problemas que afectan la

realidad social de la actualidad, exige del derecho

en general y de las políticas públicas de la criminalidad

en particular, acciones concretas de reacción

y atención al problema social del delito, que

garanticen la protección de las víctimas y el ejercicio

de derechos, tanto de ellas como de los imputados

de delito, así como las condiciones de

equidad, sin discriminación ni desventajas para su

accesibilidad

 

La manera en cómo las entidades

públicas reaccionan sin embargo, no suele corresponderse

con la narrativa jurídica que las leyes

consignan como teleología; el discurso jurídico

suele desvanecerse al encontrarse con la realidad.

Reflexionar críticamente sobre la forma en que se

reacciona al delito, requiere de argumentos

producto de un análisis objetivo sí, pero profundo

que evidencie estas contradicciones y delinee

posibles alternativas 

Las reflexiones contenidas en los argumentos

desarrollados por los integrantes del Cuerpo

Académico: Garantismo y Política Criminal en este

texto, tienen la intención ¿desde las diversas

disciplinas de especialidad de sus integrantes?

de dotar al lector interesado de insumos para su

propio análisis reflexivo y también para que

estructure su propia síntesis

 

 La ley penal –sustantiva y adjetiva- define

el sentido, contenido y finalidad de las

políticas públicas de la criminalidad 

Define también cómo se legislan las

variables del despliegue punitivo y determina,

por supuesto, el quehacer de las instancias

encargadas de este despliegue y también

su teleología, independientemente de que

tan consciente o no se esté de ello

 

La coordinación y debida articulación de

este despliegue punitivo entre las instancias

que operan a la justicia penal –desde sus

muy particulares competencias, naturaleza,

origen y función- resultan indispensables para

garantizar la consecución de

los fines pretendidos

 

Ello exige que el quehacer legislativo plasme

en las leyes penales –de muy diversa cualidad-

las variables que orienten la pretensión punitiva

estatal, siempre de manera armónica, a fin

de que aquella coordinación y

articulación resulten viables

 

El reto no es menor, sobre todo si consideramos

que el vaivén legislativo no siempre responde

al interés primordial de garantizar esta coordinación

y articulación, y mucho menos de definir una

política criminal de teleología clara y

congruente con los principios constitucionales,

que de forma paulatina se incorporan tanto

en materia penal como de derechos humanos

 

La organización federada, definida y asumida

en la Constitución –que reserva por tanto la

soberanía para las entidades federativas-

y la indispensable independencia y autonomía

de los poderes en los distintos órdenes

de gobierno, hacen más que complicada la

articulación de políticas públicas homogéneas

y congruentes, pero también de claridad definida

 

Las políticas públicas de la criminalidad

no son la excepción

 

Reformas parciales en el devenir legislativo

han constituido –y también definido- una determinada

política criminal; ésta responde muchas veces

a situaciones coyunturales o intereses particulares,

propios del momento histórico

 

Entonces, resulta difícil garantizar que aquellas

características indispensables de toda política

de estado puedan prevalecer sobre esos intereses

 

Los distintos problemas en las diversas

regiones del país son otra de

las variables a considerar

 

Articular una política criminal homogénea

en un país tan disímil como el Estado Mexicano,

resulta un problema complejo de descifrar

 

La necesaria e ineludible perspectiva de

derechos humanos en la política pública de

la materia –en congruencia con los principios

contenidos en la Constitución Federal-

es, a nuestro parecer, la mejor alternativa

para fungir de hilo conductor del quehacer

punitivo en el Estado Mexicano

 

Pero, ¿Qué tan congruentes resultan las políticas

públicas de la criminalidad con aquellos principios?

 

¿Cómo es que esos principios exigen una perspectiva tal?

 

Estas son preguntas que requieren un análisis

contextual, objetivo y primordialmente

crítico en su respuesta

 

En efecto, las reformas de las últimas

décadas a la Constitución Federal en materia

de justicia penal y de derechos humanos no

solo han incorporado derechos para quienes

entran en contacto con la justicia penal –inculpados

y victimas-, sino también principios, que gracias

a su transversalidad, exigen consideración

del quehacer punitivo en cada etapa y

momento de su despliegue

 

Estos principios son transversales, de convicción

democrática  y, por ende, garantes de una

justicia que debe dar prioridad a los derechos

de las personas por sobre las potestades

punitivas del estado

 

Por ello, afirmamos que él Estado Mexicano

ha plasmado una convicción a todas luces

democrática en su ley fundamental

 

Esto se refleja, sí en los principios incorporados

en la reforma de 2008 en materia judicial,

pero también en la de 2011en materia

de derechos humanos

 

Así, por ejemplo, los principios de publicidad,

contradicción, concentración, inmediación

y el de presunción de inocencia –incorporados

al artículo 20 constitucional en la reforma

de 2008- dejan en claro la intención de

erradicar cualquier atisbo de inquisición

de los procedimientos penales

 

Esta intención se refleja en la implementación

de un procedimiento penal de características

garantistas denominado acusatorio

 

Por su parte, principios como el de progresividad

–que se incorpora en la reforma de 2011

en materia de derechos humanos al artículo

primero constitucional- son expresión clara de

la convicción democrática del Estado Mexicano

 

Este y otros principios establecen que

toda autoridad debe promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos

 

En particular, por la progresividad, los

derechos deben consagrarse y garantizarse

cada vez más y de mejor manera en detrimento

de las potestades del estado, y las punitivas

no son la excepción

 

Tal convicción democrática para la justicia penal

se plasma de forma clara en la Constitución

y exige siempre –en progresividad- mayores

derechos y mejor garantía de ejercicio de los

mismos, en detrimento de las potestades punitivas

del estado: éstas deberán estar mayormente

acotadas, para evitar abusos y violaciones

a los derechos humanos

 

Sin embargo, para el estado Mexicano

la historia de las políticas de la criminalidad

no ha dado muestras claras de corresponderse

con aquella convicción democrática

 

Algunas fórmulas punitivas aún contenidas

en la legislación –muchas de ellas arraigadas

en la práctica- son muestra clara de que

las variables de los modelos inquisitivos

en la justicia penal todavía son

latentes y lacerantes

 

Cuando la convicción democrática para la justicia

penal tiene claroscuros y se preservan –tal como suceden-

fórmulas represivas no compatibles con el ideal

garantista plasmado en buena parte de la Constitución,

erced a las reformas aludidas, cuando solo se

reforma una parte de la justicia penal –la adjetiva-,

pero se deja toda la parte sustantiva intocada,

y cuando en la práctica se mantienen actitudes

represivas –muestras de un arraigo cultural inquisitivo-,

no se puede hablar de una política criminal

lineal de convicciones ni teleología definida

 

Una política criminal sin rumbo claro y de

ambivalencias tan contradictorias, difícilmente

permite la coordinación y debida articulación

del quehacer punitivo entre los diversos actores,

quienes acaban dando prioridades a sus particulares

intereses por encima del interés común del sistema

 

Todo ello redunda, por supuesto, en un

despliegue punitivo poco eficaz y altamente

vulnerador de derechos fundamentales

 

Estro impide el avance progresivo hacia

la consolidación de una política criminal

garantista, de convicción democrática

 

El Cuerpo Académico Garantismo y

Política Criminal, del Centro de Investigaciones

Jurídico Políticas y Estudios de Posgrado

(CIJUREP) de la Universidad Autónoma

de Tlaxcala (UAT), se ha dado a la tarea

–por más de una década- de investigar precisamente

estas problemáticas en la coyuntura de una

anunciada y aún anhelada transformación

democrática para la justicia penal en el estado Mexicano

 

Y si bien ha arrojado algunos resultados

alentadores –sobre todo a nivel legislativo-,

el proceso de esta transformación en rango

constitucional también ha traído –y sin duda

mantenido- inercias lesivas de difícil reparación

 

Lo anterior, junto con el momento especifico

de nuestra historia en el que México se ha

sumido en una violencia sin precedentes,

motiva que las investigaciones que se compilan

en esta obra ofrezcan una perspectiva objetiva

y critica, que tratan siempre de dar luz al

entendimiento de los fenómenos de la

criminalidad bajo la óptica de los derechos

humanos, la perspectiva de género, el referente

anclado en los estándares y experiencias

internacionales, y con respeto a las bases

epistémicas de análisis contextual que

exige todo estudio de estas características

 

La muy particular visión y enfoque de quienes

escribimos en esta obra: REFLEXIONES Y ARGUMENTOS

SOBRE POLÍTICA CRIMINAL; tiene ese hilo conductor

y complementa a las demás

 

Ofrece una perspectiva homogénea que

pretende otorgar herramientas suficientes para

que quien lo lea, construya su propia síntesis

y llegue a sus propias conclusiones

 

 

ÍNDICE 

Presentación

EL ESTADO DEL ARTE DE LAS CIENCIAS

SOCIALES: DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS

Y CRIMINOLOGÍA

Serafín Ortiz Ortiz 

1.                  Introducción 

2.                  El estado del arte en las Ciencias Políticas 

3.                  El estado del arte en la Criminología 

4.                  El estado del arte en el Derecho 

5.                  Conclusiones 

6.         Bibliografía 

REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA REFORMA

CONSTITUCIONAL EN

MATERIA JUDICIAL DE 2008 A LA

LUZ DEL GARANTISMO PENAL

José Zamora Grant

Erika Salinas de la Torre 

1.                  Introducción 

2.         El derecho penal como instrumento para

la consolidación democrática del Estado

y base de la política criminal 

3.         La reforma judicial de 2008,

una reforma incompleta 

4.         El derecho penal como garantía para la protección 

de los derechos humanos en el sistema penal 

4.1.      Límites al establecimiento de penas y sanciones 

4.2.      La garantía del debido proceso para la protección

de los derechos humanos en el sistema penal 

5.         Bibliografía

INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN

DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES

SOBRE ANTICORRUPCIÓN

Genaro Salvador Carnero Roque 

1.                  Introducción 

2.         Reflexiones iniciales 

3.         Interpretación y argumentación de los

estándares internacionales sobre anticorrupción 

3.1.      Antecedentes a las Convenciones Internacionales 

3.1.1.   El Nuevo Orden Económico Internacional 

3.1.1.1.            Resolución 3514, diciembre de 1975:

Medidas contra las prácticas corruptas de las empresas

transnacionales y de otras empresas, de sus intermediarios

y de otros implicados en tales prácticas 

3.2.      Resumen de otros antecedentes 

4.         Las Convenciones Internacionales Anticorrupción

4.1.      Convención Interamericana contra la Corrupción 

4.2.      Convención Anticorrupción de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU) 

5.         Las medidas que se adopten para alcanzar

esos fines podrán consistir, entre otras cosas, en 

6.         Conclusiones 

7.         Bibliografía 

LA POLÍTICA ANTI-CRIMEN DEL GOBIERNO

DE ENRIQUE PEÑA NIETO:

BALANCE CRÍTICO – ARGUMENTATIVO

AL FINAL DEL SEXENIO

Raúl Ávila Ortiz 

1.                  Introducción

2.                  Recuento de la política anticrimen 2012-2018: logros y limitaciones

2.1.            Recuento de los avances legislativos

2.2.            Fortalezas y limitaciones en la implementación

2.2.1.   Prevención

2.2.2.   Procuración

2.2.3.   Administración de justicia

2.2.4.   En ejecución de penas y reinserción social

2.3.      Variables contextuales en tres dimensiones

2.3.1.   La dimensión internacional

2.3.2.   La dimensión nacional

2.3.3.   La dimensión local

2.4.      Estadísticas sobre incidencia delictiva

3.         Enfoques teóricos y opciones institucionales

en torno a la política anticrimen

del Estado mexicano post-2018

3.1.      Enfoques teóricos

3.1.1.   La corriente criminológica crítica

o pesimista político criminal

3.1.2.   La corriente normativista-punitiva y abolicionista

3.1.3.   El enfoque minimalista y garantista

3.1.4.   El enfoque de políticas públicas

3.2.      Opciones institucionales

3.2.1.   El ámbito legislativo

3.2.2.   El ámbito administrativo

3.2.3.   El ámbito judicial

4.         Conclusiones

5.         Bibliografía 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO

LÍNEA TRANSVERSAL EN LA

POLÍTICA CRIMINAL Y SU POSICIONAMIENTO

Y AFIRMACIÓN DESDE LA

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Eduardo Lozano Tovar 

1.         Introducción

2.         La historia de la civilización

escrita desde una sola visión

3.         La simbología de las consciencias dominante

(hombre) y dominada (mujer)

4.         La Cumbre de Beijing: el emprendimiento

hacia la perspectiva de género

5.         La política criminal y la perspectiva de género

6.         El Derecho y la política criminal

7.         El lenguaje jurídico como referente

de la cultura androcéntrica

8.         La argumentación jurídica como instrumento

de la transversalidad de la perspectiva de género

9.         Elementos conclusivos para una política

criminológica desde la perspectiva de género

10.       Bibliografía 

JUSTICIA ALTERNATIVA Y ARGUMENTACIÓN

JURÍDICA: LOS EFECTOS TRAS

SU IMPLEMENTACIÓN EN TLAXCALA

José Roberto Armando Espinoza Juárez 

1.         Introducción

2.         El principio de la última ratio

3.         Antecedentes: Reforma constitucional

de 2008 en materia de justicia alternativa

3.1.      Reformas al artículo 17 constitucional

3.2.      Conceptos de justicia alternativa y métodos

alternativos de solución de conflictos

3.3.      La argumentación jurídica en el

proceso de la reforma penal de 2008

3.3.1.   Racionalidad legislativa

3.3.1.1.            Análisis interno

4.         Reestructuración del sistema penal en materia

de justicia alternativa en el estado de Tlaxcala

4.1.      Reestructuración de los cuerpos normativos en materia

penal en el estado de Tlaxcala, para la implementación

del sistema penal acusatorio en materia de justicia alternativa

4.2.      Reestructuración de la infraestructura en el estado de Tlaxcala,

para la implementación del sistema penal acusatorio

en materia de justicia alternativa

5.         Análisis del procedimiento seguido ante la unidad

de justicia alternativa, y la aplicación práctica de la argumentación

jurídica y los derechos humanos en la actuación del facilitador penal

5.1.      Estructura orgánica de las Casas de Justicia (región norte y sur)

5.2. Requisitos para ser capacitador penal

5.3.      Análisis de las actuaciones del facilitador penal

(desde la perspectiva de la argumentación jurídica)

llevado a cabo en las Casas de Justicia

en el estado de Tlaxcala (procedimiento)

6.         Conclusiones

7.         Bibliografía 

REFLEXIONES SOBRE LA EQUIDAD

DE GÉNERO DESDE LA PERSPECTIVA

DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Y LOS DERECHOS HUMANOS

Pablo Alberto Lima Paúl 

1.         Introducción

2.         Una visión conceptual e histórica acerca

de cómo se ha argumentado la equidad de género

2.1.      Diferencias entre equidad de género,

sexo y desarrollo humano

2.2.      Documentos internacionales a favor de la equidad

3.         Género, ¿de qué se trata?

3.1.      Construcción

3.2.      Designación social (rol)

3.3.      Perspectivas

3.4.      Logros

4.         Modelo existente de equidad de género

5.         Atlas de género

6.         Conclusiones

6.                  Bibliografía



FICHA TÉCNICA:

 

1 Libro

240 Páginas

Pasta delgada en color plastificada

Primera edición 2020

ISBN 9788413135724

Coordinador: Serafín Ortiz Ortiz José Zamora Grant

Autor Raúl Ávila Ortiz Genaro Salvador Carnero Roque

José Roberto Armando Espinoza Juárez Pablo Alberto Lima

Paúl Eduardo Lozano Tovar Serafín Ortiz Ortiz

José Zamora Grant

Editor Tirant lo Blanch

 

 

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 Si es de su agrado está espléndida obra:

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SOBRE POLITICA CRIMINAL

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Fraccionamiento Nuevo Culiacán

Código Postal 80170 

Entre: Bahía de Agiabampo y Bahía de San Ignacio 

Sin representantes dentro; o, fuera de nuestro País 

ALFONSO JAVIER MONÁRREZ RÍOS 

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